Javier Gómez-Elvira manifestó su interés en mantener una colaboración fluida con ASEFCAM para el desarrollo del Plan Estratégico de la Actividad Forestal en Castilla-La Mancha para los próximos años. Asimismo, reconoció que durante esta legislatura “las cosas se podrían haber hecho mejor”, en clara alusión a lo tarde que se han convocado las ayudas, así como a la encomienda directa de trabajos forestales que se le ha hecho a Tragsa.

La Consejería de Agricultura el pasado mes de octubre hizo una encomienda directa a Tragsa de 8,4 millones de euros para la realización de infraestructuras preventivas contra incendios y tratamientos silvícolas. Esto es la confirmación de la falta de organización y planificación existente en la Consejería, ya que en vez de apoyar el desarrollo económico de las empresas forestales de la región, y velar por los intereses económicos de los castellano-manchegos, sacando a licitación la ejecución de dichos trabajos, se ha optado por lo más cómodo y caro que es la encomienda directa a Tragsa, excusándose en que el tiempo se les había echado encima.

Las licitaciones de estos trabajos suponen una posibilidad de desarrollo de las empresas forestales castellano-manchegas, al mismo tiempo que supone un notable ahorro para la Consejería, puesto que los presupuestos de adjudicación de los mismos trabajos son de media un 40% más bajos cuando los ejecutan empresas forestales privadas a través de licitaciones que cuando los realiza Tragsa por encomienda directa de la Administración.

Por otra parte, y tras 4 años de espera, se han realizado las convocatorias de ayudas a los bosques de la región, con la publicación en diciembre de 2013 de las dos órdenes de ayudas para la elaboración de revisiones de instrumentos de gestión forestal y ejecución de tratamientos silvícolas, y de ayudas para la implantación de medidas preventivas de lucha contra incendios forestales, las cuales han puesto a la carrera a todas las empresas para no perder lo que supone un soplo de vida para sus maltrechos negocios, con la particularidad de que la totalidad de los trabajos deberán estar finalizados antes del 31 de mayo.

Se trata de un pequeño atracón de trabajo en unos meses, y la Asociación considera que si se hubiese planificado correctamente podría haber supuesto trabajo para un año entero.

La Asociación regional, que este año cumple su décimo aniversario, mantiene su preocupación ante el hecho de que su propio gobierno no proteja los intereses de las empresas de la región, las cuales además de cuidar los espacios naturales, crean empleo estable en las zonas rurales tan afectadas por la crisis.